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¿Es viable eliminar las autopistas de peaje?

Sin duda se trata de una medida muy “popular”. Eliminar el pago por utilizar las autopistas, pero ¿es viable no pagar de forma directa por su utilización? 

Peaje autopista

Recientemente el Gobierno ha eliminado el peaje del tramo de la AP1 entre Burgos y Armiñón (Álava) de 83,4 kilómetros dado que la concesión ha vencido después de 44 años de gestión privada. Ahora esta infraestructura pertenece a la red de carreteras del Estado y por lo tanto su mantenimiento se debe pagar con dinero público. 

Tal y como publica La Vanguardia este no será un caso aislado, dado que está previsto eliminar el pago de otros tramos de autopistas repartidos por toda España, pero ¿es viable desde el punto de vista económico que se elimine el peaje? 

La inversión actual en infraestructuras viarias en España es un 34% inferior a la registrada en 1986. 

Según la DGT los costes de siniestralidad vial en España suponen más de 10.000 millones de euros al año a lo que se añade que las muertes en carretera han vuelto a repuntar hasta alcanzar casi los 1.300 fallecidos en 2017 y que los costes de la siniestralidad vial en España representan cada año más de 10.000 millones de euros, un 1% de nuestro PIB, según datos de la Dirección General de Tráfico. Ante esta situación, cobran especial importancia las infraestructuras dado que juegan un papel fundamental en la sinistralidad vial. 

Desde Seopan, la Asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, con datos del informe de A.T. Kearney “Hacia un modelo social y sostenible de infraestructuras viarias en España” señalan que es necesario destinar más recursos a estas infraestructuras, dado que aunque parezca un contrasentido la inversión actual es un 34% inferior a la registrada en 1986. 

En este sentido, según la Asociación Española de la Carretera las necesidades de inversión en infraestructuras para el transporte público, tanto urbano como interurbano suman más de 64.000 millones de euros y el déficit inversor en la red viaria convencional supera los 7.200 millones de euros.  

Acometer estas inversiones sólo con dinero público supondría un aumento del déficit del Estado y como señalan desde Seopan un caso prácticamente aislado en Europa, dado que más de veinte países europeos tienen tarifas en el 100% de sus redes viarias de gran capacidad que supera los 62.000 kilómetros, mientras que España tiene, actualmente, tan solo el 18%, sin duda una diferencia abismal. 

Hay que tener en cuenta, tal y como señalan desde esta Asociación que la financiación de las carreteras por los usuarios proporciona a estos países importantes ingresos adicionales que se destinan al mantenimiento de las vías y a nuevas inversiones. A esto se añade una mayor recaudación por el IVA que tienen los peajes –21% en España–. 

Para hacer frente a estos costes, el informe de A.T. Kearney concluye que España debe apostar por un modelo de infraestructuras viarias que permita aumentar la fluidez en las carreteras a través de lo que denominan "una gestión inteligente del tráfico", con el fin de mejorar la seguridad a través de una mayor inversión en mantenimiento y mejora, y reducir la contaminación mediante una adecuada gestión de la demanda y la implantación de soluciones más ecológicas, es lo que se denomina un peaje variable o progresivo. Para ello se apunta la necesidad de una inversión privada y la participación de los usuarios en su financiación, algo habitual en Europa. 

En este sentido, según Seopan, la implantación de lo que ellos denominan "tarificación inteligente" –un coste diferente según determinadas circunstancias– en los accesos a Madrid y Barcelona reduciría la congestión entre un 30% y 50% en horas punta, evitaría 150 horas al año de atascos por cada conductor, y reduciría las emisiones de CO2 hasta un 15%.

Según Seopan, un peaje de "tarificación inteligente" en los accesos a Madrid y Barcelona reduciría los atascos entre un 30 y 50% en horas punta. 

Igualmente, implantar un modelo de tarificación en la red viaria de gran capacidad española proporcionaría unos recursos económicos al Estado de entre 60 y 110.000 millones de euros en un plazo de 25 años, lo que permitiría afrontar las necesidades de inversión y mantenimiento en la red de infraestructuras viarias expuestas al principio de esta información. 

Desde A.T. Kearney, Eugenio Prieto, presidente de Infraestructuras de esta consultora asegura que “España no puede quedarse atrás. Debe garantizarse el principio de movilidad para el ciudadano con un modelo de financiación de infraestructuras viarias más justo, solidario y sostenible que sea compatible con el creciente gasto social y garantice las inversiones necesarias en nuestras carreteras en un contexto de restricciones presupuestarias”.