Fomento ya ha resuelto el primero de los expedientes sancionadores impuestos contra el grupo Abertis por la crisis de la nieve desatada en la autopista AP-6 las pasadas navidades, que dejó a más de 3.000 vehículos incomunicados en un tramo de 80 kilómetros de la autopista durante los días 7 y 8 del pasado enero. La multa se justifica en el "incumplimiento de la obligación establecida en el contrato de concesión de conservar la vía en perfectas condiciones de utilización", según recoge el diario El Mundo y Facua, la organización de consumidores.

El importe de la sanción –1.200 euros– se determina por la Ley de Autopistas de 1973 que estipula un máximo de 50.000 pesetas al día –unos 300 euros– por la mala gestión de la autopista. La cuantía se establece dado que fueron 2 concesiones diferentes las afectadas. El segundo de los expedientes se aplicará según la Ley de Carreteras del año 2015 y podría suponer una sanción bastante más elevada, entre 3.000 hasta 15.000 euros. Este es más complejo, aunque el resultado podría demorarse hasta 12 meses, es decir hasta enero de 2019.

Ambos expedientes son independientes a las reclamaciones interpuestas de forma particular o a través de asociaciones como Facua por parte de los afectados. Esta asociación ha sido una de las más activas en este sentido y de hecho califican esta sanción impuesta a Abertis como "micromulta".

El peaje de la AP-6 es uno de los más rentables de España dado que tiene un tráfico de 30.000 vehículos al día y en 2016 consiguió un beneficio de 65 millones de euros.

Facua interpuso una denuncia contra Iberpistas ante Fomento el pasado 8 de enero. En ella reclamó al ministro Íñigo de la Serna que sancionase a la empresa y la instase a indemnizar a los miles de afectados por todos los daños sufridos.

Según la asociación la multa llega sin que el Gobierno haya exigido formalmente al grupo Abertis que abone las indemnizaciones reclamadas por los usuarios. A esta situación se añade la falta de transparencia de Fomento denunciada por Facua, dado que no se ha facilitado ninguna información, dificultando así la vía judicial a los afectados.

Para cuantificar la sanción de 1.200 euros, el Ministerio se ha basado en la Ley 8/1972 que hace referencia a la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, que estipula un importe máximo de 50.000 pesetas al día -hoy 300 euros- por la mala gestión de una autopista. Se trata de una norma obsoleta sobre la que el Gobierno no ha anunciado ninguna reforma pese a las ínfimas multas que establece, critica Facua.

A todo esto se añade que el peaje de la AP-6 es uno de los más rentables de España dado que tiene un tráfico de 30.000 vehículos al día y en 2016 consiguió un beneficio de 65 millones de euros.