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Cárcel para los culpables de accidentes mortales

El Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha anunciado hoy que todos los conductores que provoquen un accidente de tráfico con resultado de muerte o heridas graves, serán imputados inicialmente por el delito de homicidio imprudente o lesiones, siempre que hayan cometido una imprudencia grave.

En una rueda de prensa en la que ha ofrecido datos estadísticos sobre los delitos de seguridad vial, Vargas ha detallado cuatro de estos nuevos supuestos: conducir a más de 150 kilómetros/hora o con una tasa de alcoholemia superior a la permitida, utilizar el móvil mientras se conduce, no guardar la distancia de seguridad o circular sin respetar los tiempos de descanso.

Vargas ha recordado que el delito de homicidio imprudente está castigado con una pena de cárcel de uno a cuatro años y el de lesiones graves -como daños medulares, cerebrales o politraumatismos severos- con tres meses a tres años de prisión.

Estas nuevas imputaciones iniciales contra los conductores involucrados en accidentes graves han sido acordadas hoy en una reunión que ha mantenido Vargas con los responsables policiales de seguridad vial de toda España.

"Se pretende elevar la respuesta penal" y "luchar contra lacras como la velocidad o el alcohol al volante", ha subrayado Vargas.

Además, en los casos más graves de accidentes de tráfico provocados por una imprudencia grave, la respuesta de los fiscales y la policía judicial será pedir el ingreso en prisión inmediato, el decomiso del coche y la intervención del permiso de conducir, ha comentado el Fiscal de Seguridad Vial, quien ha insistido en que la respuesta para evitar todo ello es la prevención.

Perseguir de forma más exigente a las personas que conducen en estado de embriaguez y considerar delito la simple superación de la tasa de alcohol establecida legalmente son algunas de las razones por las que la Policía detecta más este tipo de delitos y que el pasado año aumentaran un 13% los procedimientos seguidos por conducción etílica, según el fiscal.

El delito de velocidad excesiva ha disminuido un 48% en 2010 -805 delitos- respecto a 2009 -1.542 delitos- por ciertas dificultades en su detección por parte de la Policía, como puede ser el que los agentes carecen a veces de aparatos precisos o porque los conductores disponen de GPS que avisan de los radares de velocidad.

Otros datos de 2010 se han referido al aumento de los delitos por conducción temeraria, o el descenso en el número de personas que se niegan a que se les haga la prueba de alcoholemia y el de aquellos que conducen sin permiso.

Vargas ha manifestado que en la actualidad hay cerca de 600 personas en prisión por este tipo de delitos, y que en lo que va de año se han dictado 35.021 sentencias condenatorias -en 2010 hubo 68.308-, de las que 345 pertenecen a homicidios imprudentes y lesiones graves.