Por el momento se trata de tres autopistas cuyo plazo de concesión concluye este año 2018 y en 2019 según informa Europa Press. En concreto, según ha confirmado el nuevo ministro de Fomento José Luis Ábalos en una entrevista a El País quedarán libres de pago la AP-1 Burgos-Armiñán, la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona.

En el caso de la AP-1 mencionada el próximo 30 de noviembre alcanza los 50 años de concesión, la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona vencen el próximo 31 de diciembre de 2019. Estas dos últimas vías pertenecen a Abertis, mientras que la AP-1 es de Itínere.

En total, es dejar de pagar por utilizar 552 kilómetros de longitud, lo que supone poco más del 20% de la red de autopistas de peaje que tiene en España, cifrada en 2.550 kilómetros.

Desde la patronal de autopistas de peaje apuntan que el coste de liberalizar estas vías lo tendrá que asumir el contribuyente.

A más largo plazo la AP-7 que une Barcelona con Lajonquera y Tarragona y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo finalizan su concesión en 2021.

Ante esta situación, desde la patronal de constructoras y concesionarias Seopan afirman que eliminar peajes supone que los costes de mantenimiento los tendrá que asumir el Estado, es decir los contribuyentes mediante los impuestos.

En concreto señalan que el coste de suprimir estos seis peajes se eleva a 450 millones de euros al año, mientras que el gasto sería de 1.000 millones si se hiciese en toda la red de pago, 2.550 kilómetros.

Además, en Seopan afirman que en Europa las carreteras las paga el usuario, no se invierte dinero público.