En julio de 2015 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 171 millones de euros a 21 fabricantes de vehículos y a 250 concesionarios que llevaron a cabo una estrategia concertada de fijación de precios y de intercambio de información comercial sensible.
Ahora es la OCU quien ha emprendido acciones legales contra concesionarios y fabricantes, denunciando a 160 establecimientos vendedores de vehículos y 23 marcas de automóviles. Esta estrategia concertada violó las leyes sobre competencia y perjudicó a miles de consumidores que pagaron "cientos de euros de más" por sus vehículos, señala la OCU. La libre competencia es un requisito fundamental que garantiza que el consumidor tenga una posibilidad real de comparar entre los diferentes productos y servicios ofertados por el mercado y elegir el que más se adecue a sus necesidades.
La organización pretende representar a más de 1.300 personas en una demanda judicial colectiva de conciliación, cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo con los fabricantes y los concesionarios que evite un pleito, de forma que los clientes afectados queden satisfechos.
De esta forma se pretende conseguir que las empresas reintegren a los consumidores afectados las cantidades de las que se podrían haber beneficiado los demandados. La organización remarcó que Competencia consideró probadas las prácticas ilícitas por parte de las empresas sancionadas por la CNMC durante el período comprendido entre 2006 y 2013.
