Nada más entrar en vigor la normativa que prohíbe circular a más de 110 kilómetros/hora en autopistas y autovías (desde el 7 de marzo y durante un plazo de tres meses prorrogables), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil se apresuró a comunicar que la rebaja en la velocidad "no sólo está causando confusión entre los ciudadanos, sino también entre los agentes de tráfico" dado que desde la Dirección General de Tráfico no se había comunicado de forma expresa el nuevo procedimiento sancionador (se hablaba de órdenes verbales que instaban, además, a mantener las mismas multas que las que existen con la velocidad máxima limitada a 120 kilómetros/hora).
Ante el cruce de acusaciones entre este colectivo y el director de la DGT Pere Navarro, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha decidido emitir un comunicado tras contratar los servicios de un despacho de abogados que salvaguarde su actuación a la hora de sancionar. Así, para contar con "cierta seguridad jurídica en el ámbito de su actuación profesional" y para "dotarles de un criterio único que evite el trato discriminatorio a los conductores en función de la provincia" por la que circulen, los radares fijos empezarán a multar a partir de los 116 kilómetros/hora y los móviles, superados los 118 kilómetros/hora con una tabla de sanciones que abarcan tanto el apartado monetario como la pérdida de puntos.
Además, en el informe queda reflejado que "quienes dejen de formular denuncia pese a tener constancia de haberse superado los límites reglamentariamente establecidos pueden incurrir en responsabilidad, como también lo hace la autoridad que deje de imponer las sanciones que proceden".
