Según el informe Nuevos sistemas de movilidad personal en ciudad y sus problemas asociados a la seguridad vial, elaborado por Fundación MAPFRE, en colaboración con la Asociación Española de la Carretera 8 de cada 10 conductores y peatones –un 82%– sienten peligro e inseguridad con respecto a la circulación de los llamados vehículos de movilidad personal, VMP que engloba tanto patinetes eléctricos como segways y hoverboards.

De hecho, 1 de cada 10 encuestados asegura haber sufrido algún percance en el último año con este tipo de vehículos y 9 de cada 10 –92%– consideran necesario que se regule su utilización lo antes posible.

9 de cada 10 encuestados considera necesario que se regule la utilización de los VMP.

Actualmente circulan en España más de 20.000 vehículos de este tipo, de los cuales, aproximadamente 5.000 lo hacen por Madrid, según cifras de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (AUVMP). La mayoría de los usuarios (8 de cada 10) los utiliza por el ahorro de tiempo y dinero que les genera, aunque también señalan algunas desventajas como la incertidumbre legal existente (7 de cada 10 cree necesaria su regulación). También subrayan la inseguridad que les produce. En este sentido, el 17% de los usuarios de vehículos de movilidad personal admite haber sufrido un incidente, que en más de la mitad de los casos (68%) no produjo heridos.

Para obtener estas conclusiones el citado informe ha recogido por primera vez la opinión y percepción sobre la existencia de este tipo de vehículos entre más de 500 conductores, peatones y usuarios de VMP, así como la normativa existente, las últimas cifras de siniestralidad (300 incidentes, cinco víctimas mortales -Badajoz, Barcelona, Asturias, Gerona y Córdoba- y numerosos heridos en 2018) y los problemas más habituales de convivencia que están surgiendo en muchas ciudades.

El 17% de los usuarios admite haber sufrido un incidente, aunque en más de la mitad de los casos (68%) no produjo heridos.

El informe pone de manifiesto la opinión extendida de que actualmente los vehículos de movilidad personal “no están exentos de riesgo”, que es necesario regular su uso y que existe un “desconocimiento general” sobre las normas de circulación y pautas de protección, autoprotección y seguridad. Así lo demuestra el hecho de que el 65% de conductores de vehículos a motor y peatones y el 49% de usuarios de VMP no conocen si existe o no normativa sobre el uso adecuado de estos vehículos. Llama la atención, además, que el 40% de las personas que utiliza este medio de transporte considera que puede circular por cualquier lugar.

El estudio aboga por la necesidad de este tipo de vehículos, que cada vez son más frecuentes, pero selaña que no puedan utilizarse en carreteras y no se aparquen en las aceras de modo indiscriminado. “Es necesario volver a peatonalizar las aceras”, defiende Jesús Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre, quien asegura que “por estas sólo deben circular peatones, incluidos los usuarios de sillas de ruedas, y siempre a velocidad de personas”.

Otro de los aspactos que analiza el informe es la utilización del casco, un elemento altamente recomendable, así como elementos de protección y de alta visibilidad, que también pueden ayudar a proteger a los usuarios de VMP, quienes en la mayoría de las ocasiones (65%) no utilizan ningún sistema de protección, incluido el casco, utilizado únicamente por 3 de cada 10 usuarios.

Sólo 3 de cada 10 usuarios utiliza el casco.

El informe plantea que los vehículos de movilidad urbana personal, como ya recogen diversas normativas municipales, sólo se desplacen por calles o zonas con tráfico calmado (con límites 30 km/h), o por carriles bici separados del resto de vehículos a motor o por zonas especialmente habilitadas para ellos.

Desde la Fundación Mapfre señalan la necesidad de simplificar la normativa en todas las ciudades para que sea lo más homogénea posible, evite contradicciones y fomente el uso seguro de este tipo de vehículos. También se debe realizar un seguimiento de la siniestralidad ligada al uso de los VMP, de manera que se pueda cuantificar el impacto de su uso en la seguridad y así diseñar las políticas adecuadas para minimizar los riegos para todos los usuarios.