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Las cámaras onboard a debate: ¿legales o ilegales?

No sólo están de moda en la mayoría de países de nuestro entorno, las aseguradoras exigen su uso en otros de mayor siniestralidad y sin embargo, la legislación en España es más que confusa.

Camaras-onboard

Las cámaras onboard o dashcams fueron diseñadas para un fin muy concreto: obtener imágenes de todo lo que sucede al volante de un vehículo. Ancladas al salpicadero, al techo, al parabrisas o al reposacabezas de un asiento, ofrecen una perspectiva fantástica de todo lo que nos rodea cuando estamos conduciendo.

Sus usos son muy variados y es que mientras unos conductores las emplean para obtener un vídeo de su viaje que recoja la belleza de un determinado entorno, otros van más allá y graban su vuelta rápida a un circuito o se blindan ante los comportamientos irresponsables de otros conductores cuando circulan tranquilamente por la vía pública. Todo suena bastante lógico, ¿verdad? pero esta última aplicación, precisamente la más útil en teoría, no es legal en nuestro país.

En países como Rusia, las aseguradores han reducido las estafas por colisiones o atropellos simulados gracias a su uso.

En España la ley de protección de datos ampara a los conductores y peatones que podemos grabar desde nuestro vehículo y por tanto, entiende que podemos vulnerar su derecho a la intimidad simplemente con grabarlos mientras que subir el vídeo a internet empleando el WiFi que tienen muchos de estos dispositivos sería otro delito más y por supuesto, de mayor gravedad. 

Ni que decir tiene que una grabación que no se ha realizado de forma legal carece de validez para ser presentada en un juicio y de esta manera, nuestro sistema evita que nuestra dashcam pueda servirnos para esclarecer la culpabilidad de uno u otro conductor en un accidente o evitar una estafa al seguro. Sólo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden recoger imágenes en nuestras carreteras que sirvan como evidencia en un juicio, lo que deja en fuera de juego a nuestras cámaras domésticas, incluidas las onboard.

No obstante, la ley no prohíbe la compra de estos dispositivos ni mucho menos, pues están indicados para un uso "doméstico" e incluso la Agencia Española de Protección de Datos deja un resquicio legal abierto para su uso como prueba de un determinado delito "si existe un interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento que prevalezca sobre el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado". Por tanto, en caso de prevalecer el interés del que graba para obtener pruebas de lo que está haciendo quien está siendo filmado, su uso estaría justificado.

Como podéis apreciar el asunto no es precisamente sencillo. Desde la Dirección General de Tráfico se limitan a recordar que su manejo al volante está prohibido porque supone una distracción, pero más allá de eso no ofrecen una respuesta sobre su uso. "Estamos estudiando algunas sentencias que pueden ser de interés y también la perspectiva de la protección de derecho a la intimidad, pero carecemos de estudios específicos", aseguró recientemente Javier Villalba, Jefe de la Unidad de Ordenación de Normativa de la DGT.

En definitiva, las cámaras onboard o dashcams ni son legales, ni dejan de serlo. Las imágenes que recogemos con ellas es prácticamente imposible que puedan ser admitidas como prueba en un juicio y lo que sí pueden llevarnos es a cometer un delito contra la intimidad del resto de usuarios de la vía si por ejemplo, colgamos un vídeo en internet en el que aparezcan personas o datos relevantes como las matrículas de los coches. Mientras tanto, algunos fabricantes como Citroën ya han comenzado a ofrecer una de estas cámaras en el equipamiento opcional de sus modelos. La del C3 se llama ConnectedCAM y en caso de accidente recupera de forma automática los 30 segundos previos y posteriores al mismo aunque por supuesto, su finalidad primaria es el ocio.