Las nuevas tasas judiciales anunciadas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón amenazan con convertirse en el objeto de debate de los próximos días. De momento, el Consejo General de la Abogacía Española ya la ha calificado de “medida disuasoria” mientras que otras voces aún más críticas apuntan a“un ataque directo contra el derecho fundamental a la Defensa de los ciudadanos”.
Todo este revuelo se ha desatado básicamente porque con la reforma presentada por el gobierno, es el ciudadano quien tiene que asumir unas coutas tan elevadas que si, por ejemplo, una multa de tráfico de 100 euros se le ha impuesto de forma injusta o irregular, para recurrirla deberá de abonar 200 euros y después esperar a que su recurso prospere.
Por otro lado, no sólo afecta a sanciones de Tráfico. Es decir, si un fontanero acude a una casa a reparar un radiador averiado por 90 euros y el servicio no se le abona, para acudir a la Justicia y reclamar la factura tendrá que abonar de su bolsillo 100 euros más para inicial el proceso legal.
Con esta reforma, el gobierno pretende acotar los gastos de la Justicia Gratuita que da servicio hoy en día a más de un millón de ciudadanos y supone un 6,5% del gasto total en Justicia que tienen las Administraciones Públicas. Los ingresos previstos para estas nuevas tasas son de más de 400 millones de euros.
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