En la proposición de ley registrada en el Congreso, CiU plantea que las administraciones autonómicas competentes sean las que apliquen e impongan la retirada del permiso de conducir cuando así lo conlleve una infracción impuesta por ellas, ya que hasta ahora esta función depende de la Administración del Estado. Según la normativa actual, el País Vasco y Cataluña son las únicas comunidades que tienen transferidas desde 1997 las competencias en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, a excepción, entre otras, de la facultad de expedir, revisar y canjear los permisos y licencias de tráfico, así como su anulación, intervención y, en su caso, la suspensión, derivada de expedientes de sanción o en vía cautelar.

Con la regulación del permiso de conducir por puntos, en vigor desde 2005, estas comunidades autónomas son las competentes para tramitar y resolver los procedimientos sancionadores, pero no así la retirada del permiso cuando una infracción lleve aparejada esta sanción o cuando se haya producido una reiteración de sanciones que conlleve la pérdida de todos los puntos. En estos casos, es necesaria la intervención de la Administración General del Estado.

En opinión de CiU, el sistema actual "comporta una falta de eficiencia en la tramitación de los procedimientos sancionadores y hace que su resolución sea más lenta".