Según han publicado diversos medios lusos, el pasado fin de semana, concretamente la noche del viernes, un grupo de individuos incendió una caja de comunicaciones al quemar los cables de fibra óptica a través de los que se transmite la información recogida por los pórticos electrónicos. La instalación atacada se encontraba fuera de la propia carretera y fue reparada ayer por técnicos de la empresa concesionaria, Euroscut Algarve, cuyo accionista principal es la española Ferrovial.
Según la compañía, la interrupción de las comunicaciones no supone que los pórticos electrónicos -donde se sitúan las cámaras que graban y registran las matrículas de los vehículos que pasan por bajo- dejen de funcionar, ya que disponen de un sistema de memoria propio donde almacenar estos datos.
La autopista A-22 ha registrado tres actos de vandalismo desde la introducción de nuevos peajes, que entraron en funcionamiento el pasado 8 de diciembre en un contexto de fuertes críticas a la decisión del Gobierno luso de convertir las antiguas autovías en autopistas. Transportistas, empresarios del sector turístico, usuarios y vecinos de las localidades circundantes a estas vías -tanto del lado portugués como del lado español- han hecho público su rechazo a esta medida.
Especialmente complejo es el sistema para los vehículos extranjeros que circulen esas vías, ya que el propietario debe adquirir una tarjeta prepago o alquilar un dispositivo electrónico para evitar la sanción, ya que no permite el uso de tarjeta ni el cobro en metálico. Este proceso de conversión en autopistas de las antiguas SCUT (acrónimo de sin coste para el usuario en portugués) ha afectado también a la A-23 (que atraviesa la región del Alentejo), la A-24 (colindante con Galicia) y la A-25 (fronteriza con Salamanca).
La UETR, que agrupa a 185.000 empresas del sector, argumenta que dicha regulación vulnera la Directiva europea sobre tarificación de infraestructuras viarias, que obliga a los estados miembros a no establecer discriminaciones a los conductores en función de su nacionalidad o lugar de residencia.
La asociación europea señala que el decreto portugués establece un sistema de exenciones y bonificaciones exclusivamente dirigidas a particulares y empresas situadas en territorio portugués. Fenadismer recuerda que cada día cruzan la frontera lusitana por las zonas afectadas unos 22.000 vehículos, entre particulares y profesionales del transporte.
